1. A modo de introducción.
Existe claridad que el primer problema que señalan los chilenos corresponde a la Delincuencia, conforme se aprecia en redes sociales o en los medios de comunicación social.
Más aún, la encuesta Nro.458 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre señala que el 61% cree que la delincuencia debería ser la primera prioridad del gobierno, seguida de lejos por inflación (35%) y salud (27%).

Es decir la delincuencia es señalada como una principal necesidad a solucionar por el gobierno y autoridades pertinentes.
Es que este flagelo viene creciendo descontroladamente desde hace algunos años y, más aún, en los últimos tres años ha tenido un desarrollo exponencial, donde apareció una cultura de la anomia, de no respetar el Estado de Derecho, exacerbado por las acciones habidas a contar del 18.O, de violencia, destrucción y daño, ante lo cual finalmente la ciudadanía se siente amenazada, con miedo y estrés, sin apreciar una solución en el corto plazo.
Es en este sentido que se debe destacar que la principal institución que podría ser realmente la que pueda frenar esta escalada es Carabineros. Recordemos que desarrolla sus servicios policiales en forma permanente, en todo el territorio de Chile y como hemos podido apreciar con mucha dedicación, no importando si debe entregar su vida.
Y eso es lo que trae aparejado el que nos mantengamos en un Estado de Derecho, con plenas libertades y con capacidad de que la ciudadanía pueda realizar sus actividades normales en orden y seguridad.
Pero no hay que dejar de lado que esta Institución, que posee las capacidades humanas, la preparación profesional, los recursos materiales, sumado a sus valores y principios doctrinarios, sufre ante diversas situaciones que afectan al país y que no le permiten desarrollar sus funciones diarias como debería ser conforme lo dictamina la Constitución y las Leyes.

2. Situación de la Delincuencia:
Una de las formas de medir la delincuencia (homicidios/100.000 habitantes), permite visualizar que el año 2021 en América latina está Jamaica (49,4) Venezuela (40,9) Honduras ( 38,6) como los países con la tasa de homicidios más alta de América Latina y el Caribe. En el otro extremo se encuentra Chile (3,6), lo que lo señala como el país más seguro de la Región, incluso comparable con países desarrollados. (1)
Indiscutiblemente que desde hace un año de esas mediciones ya estará en valores altos y subiendo rápidamente de tal manera que muy luego podremos ubicarnos en niveles de otros países cercanos, en que ya la gente se recoge temprano a sus casas, no sale a plazas y la vida resulta deplorable sobre todo para los niños y jóvenes que se ven afectados en sus libertades.
En nuestro país apreciamos como ha crecido la delincuencia en su forma de operar:
Nuevos delitos: portonazos, motochorros, sicariatos.
Nuevas organizaciones delictivas: CAM, Tren de Aragua o bandas muy organizadas orientadas al narcotráfico, robo de madera, terrorismo.
Aumento de homicidios: ha aumentado dramáticamente este factor, con personas que aparecen asesinadas con arma blanca o de fuego, asaltos a domicilios o robo de vehículos con muertes violentas.

Uso de armas de fuego: prácticamente en cualquier delito hay armas de fuego presentes, o como se aprecia en las noticias ante portonazos o donde se muestra a niños en clases que se deben esconder mientras hay balaceras en el exterior o como se dispone de armas largas en un sector donde se detecta el robo de madera.
Es decir el flagelo delincuencial ha sostenido un crecimiento rápido y constante en los últimos años, lo que se traduce en una realidad que se aprecia cada día en los medios de comunicación social, referidos a asesinatos, venganzas, uso de armas de fuego, casi como una normalidad, en circunstancias que hasta hace pocos años ello era absolutamente extraño a nuestra realidad.
Esos aspectos influyen directamente en la percepción ciudadana, que ve alterada su vida tranquila a la que estaba acostumbrado el país.
Por su parte la reacción del gobierno ha sido el preocuparse de las armas cortas (revólveres, pistolas) que se encuentran en poder algunos ciudadanos, que las tienen debidamente registradas, para un eventual defensa personal.
Sin embargo no se aprecia una firme reacción contra los delincuentes que las usan a diestra y siniestra, ni menos con los que actúan con armas largas en la macrozona de Araucanía.

3. Qué ocurre con Carabineros:
El hecho de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública, son conceptos amplios y difíciles de delimitar, de tal forma que esta Institución debe desarrollar múltiples y complejas funciones conexas que coadyuven al objetivo final.
Es así que debe adaptarse a diversos aspectos tales como los de seguridad, sociales, comodidad pública, fronteras, drogas, menores, etc. a través de una planificación por roles, para responder a las demandas de la sociedad a la cual se debe no solo por imperativo legal, sino que por una profunda convicción y doctrina.
Además debe atender no solo procedimientos de corte policial, sino otra variedad de necesidades ciudadanas, tales como atención de partos, rescate de personas, neutralización de suicidas, traslado de órganos, en fin.
Sin embargo, ocurre que a través de sesgadas opiniones de seudoexpertos, o de formas extrañas de respuesta de la Justicia, o de afirmaciones de la máxima autoridad de gobierno –que por una parte acusa de excesos a Carabineros y simultáneamente señala darle todo el respaldo-, genera desconcierto en la Institución y produce una respuesta de amor y odio por parte de la opinión pública.

Por lo demás, como una forma de mantener sus ataques a esta Institución, vuelven a resurgir acusaciones falsas o que aún no han sido judicializadas, pero se repiten como si así lo fuera.
Y el resultado es que se ha hecho una normalidad el no respetar al Carabinero y más aún en agredirlo, con un total cercano a 900 heridos de distinta gravedad durante el presente año.
Es decir, claramente Carabineros no cuenta con el debido respaldo que le deben entregar los tres Poderes del Estado, para poder desarrollar sus funciones con resultados positivos ante la delincuencia.
Eso no significa que se pretenda que se le entregue manga ancha para actuar libremente, sino que simplemente se apliquen las normas existentes de manera adecuada y equitativamente, como se tratará de explicar.

4. Factores intervinientes:
Existe una multiplicidad de variables que influyen respecto al tema en comento, pero para simplificar solamente se señala aquellos que son de mayor relevancia y contingencia:
4.1. El proceso constituyente
Lo ocurrido el 4.septiembre fue muy decidor, pues un 61,86 % (7.882.958) del Rechazo, frente a un 38,14% del Apruebo, es demostración plena de que la ciudadanía definió su repudio decidido a un texto que consideraba ideas muy ajenas a nuestra sociedad, inconsultas y avasalladoras.
Esta definición incluye el proceso de entrada, en el que hubo un total de 7.527.996 votos válidamente emitidos, vale decir que votaron menos de los que optaron por el Rechazo en el plebiscito de salida.
Entonces tampoco por cantidad de votos es posible continuar con un nuevo proceso. Así lo corrobora la Ley 21.200 diseñada expresamente para el proceso constituyente derrotado y que lo establece en su Art. 142:
“Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.”
La mayoría de la sociedad chilena rechazó tajantemente la propuesta, axioma que no admite otra interpretación, por lo que insistir en un nuevo proceso es ilegal, equivocado y de no respetar el voto popular que es lo que define la Democracia.
Corolario: Entonces, lo que la ciudadanía está señalando es que no desea un nuevo proceso como el que se llevó a cabo, por casi tres años copando todas las actividades de nuestro país, involucrando al gobierno anterior y al actual.
Lo que realmente pide y necesita es que los esfuerzos de gobierno y autoridades se enfoquen en los grandes problemas contingentes, de los cuales el más relevante es la delincuencia.
4.2. La inmigración:
Vivimos desde hace unos años un proceso en que, respecto a lo que dice relación con la forma en que debe ser tratado un migrante, en su trato y ayuda humanitaria, sobre todo cuando debe huir de su propio país, no produce objeción alguna.
Sin embargo, como se aprecia de la manera que se está realizando en nuestro país, resulta francamente inaceptable ya que prácticamente no hay control alguno y quienes ingresan son todos aceptados. Eso es lo que se aprecia actualmente en la frontera norte. La Ley 21325 de Migración y extranjería (2), en su Artículo 24, señala que la entrada de personas al territorio nacional deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto.
Complementariamente el Decreto 296 de febrero de este año (3) que contienen 182 artículos, se explaya en muchas materias administrativas y complementarias, pero para todos los efectos sigue el articulo 24 mencionado como el que rige el protocolo de ingreso.
Se entiende entonces que la entrada debe ser realizada con la documentación pertinente o con datos verdaderos, por lo tanto el ingreso sería filtrado, humanamente adecuado y, por sobre todo, evitando que entren delincuentes.
Pero desafortunadamente eso no se cumple, porque seguimos siendo invadidos por una enorme cantidad de inmigrantes ilegales, muchos de ellos descubiertos por sus delitos cometidos.
Nadie puede creer que por ejemplo los antisociales del “tren de Aragua” entraron prístinamente por los controles aduaneros.
Y una vez establecida la ilegalidad, lo que corresponde según la legislación es una simple expulsión, lo que además en la práctica resulta bastante injusto, cuando han cometido delitos, pero a la vez muy demoroso.

Por lo demás este ingreso de miles de migrantes, ha llevado a una increíble modificación del diario vivir en el país, pues apreciamos que prácticamente no respetan nuestra legislación, ni a las autoridades y menos a los agentes de la ley.
Específicamente en contra de Carabineros ha habido ataques arteros en Arica e Iquique y ahora en forma grupal en otras partes del país.
Hace unos días hubo un insólito llamado a paro en Iquique entre los migrantes que trabajan en Delivery, porque se les estaba exigiendo la documentación de sus vehículos y la respectiva licencia para conducir, culpando a Carabineros.
Esas conductas anómicas pueden ser las normales en los países de origen de los migrantes, pero resulta inapropiado que traten de practicarlas en nuestro país, respetuoso del Estado de Derecho y por consiguiente del bien convivir.
Y en lo general hemos visto que los nuevos delitos, como el sicariato, portonazos, motochorros, en fin, son de gravedad y todos, producto de esta “importación”.
Corolario: La reacción de las Autoridades no se condice con estas inquietudes ciudadanas y debido a convenios habidos con la ONU, simplemente debemos aceptar esta migración, con todos sus efectos dañinos.
Lo que se requiere es hacer un más exhaustivo y eficaz control de ingreso, a lo menos a través de Interpol y huellas dactilares. Si la persona no porta su documentación, o la Policía no puede verificar sus datos y sus antecedentes, simplemente debería negarse su acceso.
4.3. La violencia.
Se debe entender que ello es un concepto relativamente nuevo y masificado en el país, ya que a contar del 18.octubre se aceptó que para escucharse debería haber destrucción y violencia. Está demás hacer un resumen pues toda esta situación y sus efectos son muy bien sabidos y conocidos.
Así entonces eso se extiende dramáticamente a todo el acontecer nacional y así vemos que ocurre el fenómeno de la anomia, en que nadie respeta la legislación ni el Estado de derecho.
Por lo demás se aprecia un sentimiento de odio y venganza de cierto lado de la sociedad, que oscurece todo tipo de entendimiento, que hace que se produzca un abismo entre grandes sectores ciudadanos y no se pueda llegar a una anhelada armonía.
Se debe considerar que los sentimientos de revanchismo y de falta de empatía pueden llegar a mantener dividido eternamente la sociedad, por lo que si queremos llegar a un entendimiento, necesariamente debe haber una nueva mirada, menos odiosa y mas llena de afecto y humanidad.
Y para ello se requiere indefectiblemente dejar de lado todas esas ideas e injerencias extranjeras y centrarnos en nuestra propia forma de vida y cultura.

Es imprescindible terminar con los sentimientos de rencor y resentimiento, que a nada conducen positivamente sino que por el contrario llevan a una permanente situación de vida alterada y con efectos sobre disfusiones psíquicas y eventualmente a enfermedades físicas.
Corolario: En el ahora témporo-espacial vivimos en un Estado de Derecho y por lo tanto debemos respetarnos los unos a los otros y comprender que debemos aprender a aceptar las otras ideas, y tratar de practicar la empatía.
De lo contrario seguiremos teniendo Carabineros lesionados o asesinados, lo que indefectiblemente llevará a un quiebre de la sociedad, permanentemente dividida y sin esperanzas de llegar a obtener paz y tranquilidad.
4.4. Derechos Humanos y Carabineros:
Desde las más altas autoridades se escucha que Carabineros cuenta con todo el respaldo del Gobierno siempre que se mantenga dentro de lo que se considera DD.HH.
Eso suena muy bien, pero en la práctica resultan más bien unas bonitas palabras para la prensa.
Es que si se hace una revisión de casos tenemos respuestas judiciales que claramente desmienten esas expresiones, según podemos apreciar en casos como los siguientes:
– La aplicación de DD.HH. para Carabineros es claramente más agraviante para estos funcionarios que para los delincuentes. Hoy están condenados o arriesgan penas de 10, 20 o más años, los carabineros seudo agresores por haber actuado conforme la legislación en el uso de carabinas antimotines.
Sin embargo respecto a los delincuentes que les arrojan bombas molotov (arma claramente mortal), pese a que hay una legislación bastante definida, no hay delincuente alguno condenado por tentativa de asesinato o maltrato de obra a Carabineros.
– En el caso del Sgto. de Panguipulli que hizo uso de la legítima defensa, ante la agresión de un individuo con machetes, finalmente se reconoció la legítima defensa, pero pasó casi un año entre idas y vueltas por la justicia y tribunales.
– En tribunales, cuando un Carabinero hace uso de su arma, inmediatamente pasa a proceso en calidad de imputado.
– El caso del joven Carabinero acusado de lanzar a una persona al rio Mapocho, pese a toda la información que se aprecia en videos de noticieros que desmiente el hecho, aún a casi dos años continúa con firma quincenal.
Es así, que en la práctica se aprecia que el antisocial que agrede con palos, fierros, bombas molotov directamente a un Carabinero, está como protegido por los DD.HH., se siente con libertad de agredir e incluso asesinar a un Carabinero, como se ha visto últimamente.
Y la reacción de las altas autoridades que deben evitar estas agresiones se limita a señalar que aplicaran toda la firmeza de la ley, pero a sabiendas que no pueden llegar más allá porque se lo prohíbe la legislación de derechos Humanos.
Corolario: claramente hay doble estándar en lo que dice relación con la aplicación de Derechos Humanos a Carabineros, lo que se traduce en una casi impunidad del delincuente y a la vez un sentimiento de impotencia en la sociedad que ve conculcados su derechos a la libertad, a la paz y tranquilidad.
Y claramente la balanza está desequilibrada en contra de Carabineros, que se encuentra en cada procedimiento policial con la espada de Damocles de los Derechos Humanos.

5. Conclusiones
Claramente hay aspectos que reformar o perfeccionar en Carabineros, lo que puede hacerse con calma y cuidado en el transcurso de los años venideros.
Sin embargo, notoriamente hay aspectos que corregir de inmediato, en el más breve plazo:
– En cuanto a DD.HH. es necesario definir con claridad lo que puede hacer Carabineros en su actuar policial.
Se debe confeccionar una especie de Reglamento, complementario a la declaración de Derechos Humanos que especifique detalladamente lo que se permite hacer por parte de quienes conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad en Chile.
– El respaldo a cada Carabinero que sale a un servicio en la población debe ser definido perfectamente por los tres Poderes del Estado, ya que hoy no se aprecia que sea consistente y definido unánimemente.
Debe ser analizado cuidadosamente lo que se resuelva, pues cuando se resuelve apurado o inconsultamente, como ocurrió hace unos años en que se limitó el uso de gases lacrimógenos, a los pocos días el gobierno debió dar pie atrás.
Hoy el Carabinero sale a su servicio y como se decía antes no sabe si volverá vivo. Ahora habría que agregar que tampoco sabe si ante el o los procedimientos en que le corresponda actuar resultará imputado.
– La racionalidad debe estar antes que la proporcionalidad en el uso de los elementos legales de defensa que se le entregan a Carabineros.
Cuando se habla de proporcionalidad, como está establecido ahora, si a Carabineros se le ataca con piedras, no puede responder con su arma de servicio. Pero claramente no se considera que hay una turba agrediendo a un Carabinero.
La racionalidad es la justa respuesta a ser aplicada.
– Las resoluciones de las autoridades deben ser inmediatas. No es posible que solo se limiten a señalar que se comprará más vehículos o más elementos logísticos o que se realizará una investigación. Eso está bien, pero demora meses y hasta años y no es lo que se necesita en el ahora.

Lo que se requiere es que la respuesta sea inmediata, como por ejemplo fortalecer el Plan Cuadrante, o quizás definir claramente el uso de armas no letales, en fin.

FRANCISCO SMITH GONZALEZ
Psicólogo
Miembro de número del Centro Nacional
de Estudios del Orden Público (CENEOP.ORG)

1) https://es.statista.com/estadisticas/1271238/america-latina-y-el-caribe-tasa-de-homicidios-intencionales-por-pais/
2) https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1158549
3) https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1172573
Santiago, octubre - 2022