Las dos situaciones recientes que afectaron a Carabineros de Chile, en Iquique y Arica terminaron con funcionarios agredidos arteramente, con resultado de lesiones de gravedad por fractura nasal y perdida de piezas dentales.
Ambos procedimientos policiales corresponden al actuar de Carabineros ante el requerimiento ciudadano, esencia del intervenir policial, donde deben constituirse y proceder conforme lo disponen la Constitución Política y las Leyes vigentes.
Ese accionar no tiene otro propósito que mantener controlada la delincuencia, con la finalidad de entregar paz y tranquilidad a la ciudadanía.
Indistinto de la nacionalidad de los delincuentes que los atacaron, la agresión a un Agente de la Ley, además de repudiable, constituye un delito grave, más aún con resultado de lesiones graves, que pueden provocar invalidez o cualquier otra complicación de por vida.
Pese a entender que existen variables intervinientes relevantes, ambas agresiones, además de otros delitos de homicidios, secuestros, en fin que asuelan el país, desnudan la cruda realidad en cuanto a los niveles profundos a los que ha llegado la delincuencia en Chile, con todos sus efectos en la población, que se siente amedrentada, temerosa y desamparada.
Además demuestra que el actuar de Carabineros sigue incólume en cuanto a su doctrina de defender el Estado de Derecho, tratando de hacerlo cumplir pese a las restricciones que se la han impuesto.
Eso es lo destacable, pero aparece una alta preocupación en cuanto al aguante estoico y psíquico del Carabinero de Servicio, que sigue arriesgando su vida y su integridad física, sin contar con debido respaldo del Estado, ni con las herramientas mínimas de defensa que les deben ser otorgadas.
Es sobresaliente que la ciudadanía de inmediato haya respaldado el actuar de Carabineros, ya sea ayudando a detener a los delincuentes o presentándose en masa en sus cuarteles.
Es decir el pueblo ha hablado, lo que constituye una clara señal para las autoridades máximas de los tres Poderes del Estado.
